Prestadores de discapacidad de San Luis protestaron por la vulneración de sus derechos
La medida de fuerza fue convocada a nivel nacional. En la capital el punto de encuentro será en la plaza Pringles a las 19.
Desde el año pasado, los prestadores de discapacidad mantienen un plan de lucha para que sus derechos no sean vulnerados. En esta oportunidad decidieron volver a las calles en reclamo del incumplimiento de los organismos del Estado y de las obras sociales provinciales y nacionales.
En este sentido, sumaron a la protesta la necesidad de que haya una cobertura que abarque los medicamentos e insumos que resultan imprescindibles para la atención y la vida digna de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Advirtieron que además existe violencia institucional, política y económica con los profesionales del sector. A raíz de esto hoy a las 19 se manifestaron en la plaza Pringles en la ciudad de San Luis y la manifestación se replicará en distintos puntos del país.
“El nomenclador es un organismo en donde aprueban ciertas prestaciones. Tanto padres como familiares tienen que presentar documentación una vez al año o cada seis meses. Sucede que muchas veces las autorizaciones llevan una demora que no coincide con la necesidad de las personas que necesitan de estos servicios”, explicó Yohana López Contreras prestadora de discapacidad e integrante de la Asociación Autismo San Luis.
En declaraciones al programa Nada Secreto de radio Universidad exteriorizó que estas demoras exponen cierto grado de violencia porque “no se puede dar las cosas cuando los demás quieran, sino que es en base a la necesidad y nosotros no estamos logrando ningún beneficio”.
“Esto es un derecho que está enmarcado en muchísimas leyes, pero al parecer nadie las quiere cumplir y eso es lo que nosotros queremos visibilizar, que se cumplan. Es un problema nacional, pero también desde las obras sociales provinciales como Dosep”, manifestó.
En la misma línea, sostuvo que es un problema a nivel nacional: “Hay obras nacionales que están bajo el ala de Superintendencia de Salud y hay direcciones de obras sociales provinciales en donde no se respetan los valores que tiene en el nomenclador entonces los profesionales que cubren su prestación para estas direcciones tienen un valor más bajo todavía”.
“Esto conlleva a que los perjudicados sean los beneficiarios porque tienen una reducida la cantidad de prestadores. Más aún recordemos que muchos prestadores cobran a mes vencido trabajando con una demora de 60 a 90 días y si la obra social tiene alguna complejidad o el Estado puede pasar ocho meses o hasta un año sin cobrar”, aclaró López Contreras.
Reveló que los prestadores no pueden sostener el proceso y dejan de atender: “Una integración escolar cuesta $87 mil y muchas familias no lo pueden pagar”.
Indicó que en el último Censo no tienen en cuenta a las personas con discapacidad: “Esto quiere decir que la inversión no va a estar, no va a haber mejoras en el área, no se van a generar nuevos centros para la contención de las familias.